Ese grupo, precisó el portal Brasil 247, analizó tres modificaciones pendientes desde el pasado 2 de septiembre, cuando aprobó el texto principal.

El relator de la propuesta, el senador Rogério Carvalho, del Partido de los Trabajadores (PT), rechazó los cambios planteados y mantuvo la versión aprobada previamente por la Cámara de Diputados.

Mediante el avance legislativo se busca acelerar la tramitación para que la iniciativa pueda ser votada antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 25 de octubre.

La PEC 18/2025 pretende ampliar la coordinación entre la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el enfrentamiento al crimen organizado y reforzar las herramientas estatales contra las facciones criminales y las milicias.

Uno de sus principales puntos consiste en incorporar a la Constitución el Sistema Único de Seguridad Pública, con el objetivo de establecer una estructura permanente de cooperación entre los organismos responsables de esa área.

También, el texto prevé medidas más estrictas para integrantes de organizaciones criminales, grupos paramilitares y milicias privadas.

Entre ellas figuran restricciones a determinados beneficios penales y la posibilidad de confiscar bienes, derechos y recursos económicos relacionados con actividades ilícitas.

Asimismo, la propuesta autoriza la creación de policías municipales para tareas de vigilancia y amplía las atribuciones de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), que podrá actuar en ferrocarriles y vías navegables, además de las carreteras.

Dicha iniciativa contempla mecanismos para que la PRF apoye a otras fuerzas de seguridad a solicitud de los gobernadores, al tiempo que preserva las competencias sobre la Policía Federal y la propia corporación rodoviaria.

Para su aprobación definitiva, la PEC deberá recibir en el plenario del Senado al menos tres quintas partes de los votos en dos rondas de votación, equivalentes a 49 de los 81 senadores en cada una.

Si la Cámara Alta aprueba el mismo texto remitido por los diputados, la enmienda podrá ser promulgada sin regresar a la Cámara Baja.

El Gobierno considera la reforma una de sus prioridades en seguridad y prevé crear un Ministerio correspondiente concluida la tramitación, con la intención de reforzar la coordinación federal en el combate a las organizaciones criminales.

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