La decisión invalida la medida adoptada en 2024 por la entonces ministra de Medio Ambiente, Tanya Plibersek, que bloqueaba la construcción de una presa de relaves, para almacenar los desechos resultantes del procesamiento de minerales, en un río considerado sagrado por comunidades originarias.
El juez James Stellios sostuvo que la orden carecía de validez por fallos de procedimiento y remitió el caso al actual ministro para nueva evaluación.
La empresa Regis Resources, promotora del proyecto valorado en mil 100 millones de dólares australianos (equivalentes a 766 millones de dólares estadounidenses), celebró el fallo y reafirmó su compromiso de avanzar en la explotación, que prevé producir unas 190 mil onzas de oro al año.
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