“Decreto que obliga a las plataformas digitales a retirar cualquier contenido que tenga que ver con violencia, acoso, abuso sexual en el caso de cuentas de niñas, niños y adolescentes. Tienen que desarrollar todo lo necesario para que así sea”, afirmó la mandataria.
En su habitual conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo hizo énfasis en que las plataformas estuvieron de acuerdo en la aplicación de este instrumento y “lo único que pidieron fue un mes” para la implementación, a partir de su entrada en vigencia.
“Le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital. Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, aclaró la dignataria desde Palacio Nacional.
Este miércoles, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa Alcalde, volvió a presentar detalles del decreto, que prohibirá a las plataformas digitales permitir a menores el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan discursos de odio y extremismo violento.
También se vetarán aquellos vinculados con abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso; conductas ilícitas y material sexual explícito.
Se obliga a las plataformas digitales a garantizar desde su diseño la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes, debiendo identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que generen cualquier forma de violencia, dijo la funcionaria.
Mencionó que estas empresas deberán clasificar contenidos por edad, además de contar con herramientas de supervisión para madres, padres o personas tutoras.
También tienen que incluir mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos, y privacidad y seguridad activas de manera predeterminada para que los infantes y adolescentes posean desde el inicio la configuración más protectora.
Alcalde indicó que las plataformas deberán tener un punto de contacto disponible todo el tiempo para atender requerimientos de autoridades investigadoras; preservar y entregar a estas evidencia e información y alertar de manera inmediata al identificar contenido que atente contra la vida.
El 2 de octubre, la mandataria se comprometió a emitir la disposición, luego del ataque ocurrido en una secundaria de Coahuila, cuando dos jóvenes de 18 años, identificados como hermanos y exalumnos del plantel, irrumpieron en el lugar y ocasionaron la muerte a una persona y heridas a otras cuatro.
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