Según un informe de ese organismo y la Alianza Internacional de Datos sobre Niños en Movimiento, en ese período fueron reportados casi 81 mil migrantes fallecidos y desaparecidos en todo el orbe, pero más de la mitad de los registros (44 mil 862 casos, el 55,5 por ciento) no contienen información sobre el grupo etario de esas personas.

Eso significa que un número desconocido de pequeños podría estar ausente del recuento total de muertos. En la ruta del Mediterráneo Central, por ejemplo, los niños representaron el 19 por ciento de las llegadas a Italia y Malta en 2024, pero solo el dos de los decesos, lo que pone de manifiesto las brechas en los datos demográficos y el grado en que los fallecimientos pueden permanecer invisibles, señala el texto.

«Cada niño que muere durante un trayecto migratorio merece ser contabilizado y, sin embargo, demasiados están ausentes de los datos. No podemos protegerlos de peligros que no podemos ver. Es necesario proporcionar a los gobiernos la evidencia que necesitan para salvar vidas», afirmó el director de Estrategia del Departamento de Datos, Análisis y Política de la OIM, Stuart Campo.

El documento alerta sobre los riesgos elevados de explotación y otras violaciones de derechos que enfrentan los pequeños y explica que las muertes no contabilizadas se deben a la falta de datos.

Ello afecta especialmente a los adolescentes, quienes pueden ser clasificados erróneamente como adultos, lo que deja a los responsables de la formulación de políticas con evidencia limitada sobre los riesgos específicos que los niños enfrentan durante los trayectos migratorios, indica el texto.

Los registros oficiales, como los de los servicios forenses y los organismos de seguridad, ofrecen los datos más completos sobre la edad; sin embargo, representan únicamente el 18 por ciento de todas las muertes registradas por el Proyecto Migrantes Desaparecidos. La mayor parte de los demás informes proviene de organizaciones humanitarias, de medios de comunicación y testimonios de sobrevivientes y testigos, añade.

El estudio insta a los Estados a fortalecer la documentación y mejorar el intercambio de datos con agrupaciones y entidades.

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