El convenio establece que ese aumento no impide que se pueda aplicar en medios públicos de transporte el precio mínimo cobrado hasta la fecha, refirió el director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Ágreda.

De acuerdo con el funcionario, el pacto bilateral descarta el establecimiento de una tarifa única definitiva, sino un rango que tiene en cuenta las diferencias departamentales, la estacionalidad y las condiciones del mercado.

Líderes del gremio transportista comunicaron que, aunque el aumento de hasta el 35 por ciento no satisface a los choferes, esa tasa se aceptó hasta tanto el gobierno haga un estudio de costos transportistas en un plazo de dos meses.

Presente en las discusiones desde hace varias jornadas, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, manifestó que el incremento de las tarifas en el ramo era inevitable, sin embargo, se tuvo en cuenta que afecte lo menos posible a la población del país.

Analistas consideraron que el convenio entre el Ejecutivo y los transportistas permite poner fin a movilizaciones y paros de ese sector en el departamento de La Paz, El Alto y otras demarcaciones.

La promulgación en septiembre último por el gobierno del presidente, Rodrigo Paz, del Decreto Supremo 5716 eliminó la subvención del diésel, con lo que el precio de ese tipo de combustible ascendió de 9,80 bolivianos por litro a 17,95.

Tal medida, por supuesto, incrementó de forma considerable en los nueve departamentos del país los costos operativos de los dueños de medios de transporte que emplean el diésel, según alegaron los propietarios.

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