El informe del FA, tras meses de investigación, era uno de cuatro que se presentaron ante la Asamblea General del Parlamento, que integran diputados y senadores.

Los parlamentarios del Frente consiguieron la mayoría, luego que los dos diputados de Cabildo Abierto abandonaran la sala y pusieran a la oposición en minoría.

La resolución pide que»se remita a la Fiscalía General de la Nación el Informe en mayoría presentado por la Comisión Especial, creada por resolución de 23 de febrero de 2026, que investigó y analizó el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos».

Ello «a efectos de poner en su conocimiento los hechos y actos con apariencia delictiva que se detallan en el cuerpo» del informe.

Igualmente, solicita que “se determinen las eventuales responsabilidades penales que pudieren corresponder a los partícipes involucrados, funcionarios públicos y particulares, nacionales y extranjeros».

El Frente Amplio planteó remitir toda la documentación recibida, recabada y producida por la comisión a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno.

El diputado frenteamplista Joaquín Garlo afirmó en conferencia de prensa que “el objetivo en todo momento del Frente Amplio es conocer la verdad en torno al escándalo de Cardama”.

“La ciudadanía tiene el derecho a saber que paso en torno a este escándalo que involucraba más de 80 millones de euros del presupuesto nacional, teñido por las garantías truchas, la documentación falsa, la falta de controles y el accionar claramente desviado de los principios de la buena administración”, subrayó.

El gobierno uruguayo rescindió el contrato con Cardama, que había sido conveniado durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou.

El Ejecutivo que preside Yamandú Orsi argumenta presunta estafa al Estado uruguayo e irregularidades en el proceso de contratación.

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