Bajo el lema “Por la educación, la soberanía y la democracia» estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas marcharon este jueves al Congreso para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y contaron con el respaldo de organizaciones sociales, gremios y distintos sectores políticos.

La Declaración de la V Marcha Universitaria advierte que las casas de altos estudios «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.

El documento «por la educación, la soberanía y la democracia» esta rubricado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros colectivos.

Los firmantes sostienen que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.»

El texto acusa al ejecutivo de asfixiar a las universidades con el presupuesto más bajo de la historia, congelar becas y deteriorar salarios, y advierte que sin educación pública ni ciencia soberana no hay democracia ni futuro.

Denuncia la caída del poder adquisitivo, el congelamiento de becas y el recorte histórico en educación, menos del 1 por ciento del Producto Interno Bruto.

“La universidad pública no es el problema de nuestro país, es parte de la solución”, enfatiza la Declaración que bajo el título “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”, exige al ejecutivo cumplir la Ley de Financiamiento, derogar el DNU 70/2023 y cuestiona la “voluntad de gobernar por decreto”.

Asimismo, advierte que el incumplimiento “nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”.

La represión se tornó muy violenta con la brigada antimotines disparando con cañones de agua y gases lacrimógenos. Estudiantes de ambos sexos resultaron lesionados.

Por otro lado, se conoció que la Cámara Federal suspendió de forma provisoria las multas diarias de 100 mil pesos (66 dólares) que debía pagar el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al fallar a favor de un reclamo del Ministerio de Capital Humano.

mh