Durante el estallido social que sacudió al país a partir del 18 de octubre de 2019, el entonces capitán disparó a propósito una granada lacrimógena hacia un grupo que no participaba en las protestas.

El proyectil impactó directamente en el rostro de Campillai, quien junto a una hermana esperaba un bus para dirigirse a su trabajo.

Debido al impacto sufrió graves fracturas en el cráneo y rostro y perdió por completo los sentidos de la vista, el gusto y el olfato.

Dos años después, en noviembre de 2021 se presentó a las elecciones legislativas como candidata independiente al Senado y obtuvo la primera mayoría nacional para el período 2022-2030.

Maturana, por su parte, fue juzgado por sus acciones y condenado a 12 años y 183 días de prisión.

Recientemente solicitó el beneficio de libertad condicional, a pesar de la oposición de su víctima, y se le concedió a partir del 2 de diciembre venidero, cuando cumplirá la mitad de su sanción.

La medida fue adoptada justo cuando faltan dos días para el séptimo aniversario del levantamiento popular, un proceso que se extendió hasta marzo de 2020.

Según datos de la Fiscalía de Chile durante ese período se registraron 30 muertes y están confirmadas 464 víctimas de lesiones oculares, la mayoría provocadas por impacto de perdigones y bombas lacrimógenas lanzadas por las fuerzas de seguridad.

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