El presidente del organismo, José Cabrera, informó que las evidencias fueron recopiladas por los equipos de fiscalización de las delegaciones electorales provinciales, principalmente a partir de denuncias ciudadanas y también mediante actuaciones directas de los funcionarios.

El calendario electoral establece que la campaña oficial se desarrollará del 12 al 26 de noviembre, es decir, concluirá tres días antes de la votación.

Los equipos de fiscalización buscan detectar actividades de promoción electoral fuera del periodo autorizado y posibles usos de recursos públicos para favorecer candidaturas, explicó Cabrera en entrevista con el canal Teleamazonas.

Los controles incluyen actos públicos, medios de comunicación y vallas publicitarias, pero la vigilancia no llega a las redes sociales.

“Los contenidos en redes sociales no podemos monitorear, porque la ley no las contempla”, afirmó Cabrera.

Mientras el CNE mantiene sus labores de control, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tramita algunas de las denuncias por campaña anticipada presentadas por otras figuras, no por el CNE.

Entre los casos recientes figura una demanda contra Alberto Pantoja Guzmán, candidato a la Alcaldía de Santo Domingo por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

El tribunal tiene pendiente también una resolución de primera instancia sobre las denuncias contra Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito, y Carla Cevallos, aspirante a la Prefectura de Pichincha.

Por otro lado, el juez del TCE Juan Patricio Maldonado archivó el pasado 10 de octubre la denuncia presentada contra Roberta Zambrano, candidata a la Alcaldía de Esmeraldas por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Medios locales informaron sobre la presencia de vallas, vehículos rotulados y figuras de cartón con la imagen de Zambrano en las calles de Esmeraldas y aún así la demanda fue desestimada.

El 29 de noviembre 13,8 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El proceso electoral se desarrolla en medio de cuestionamientos de sectores opositores por decisiones que limitan la participación de algunas organizaciones políticas y candidatos.

La Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, fue suspendida temporalmente por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), situación que obligó a sus dirigentes a buscar alianzas con otras organizaciones para presentar candidaturas, aunque no todos lograron inscribirse.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado ecuatoriano a garantizar una participación política plural e igualitaria, además del debido proceso y la certeza jurídica.

ga/avr