Según versiones policiales, la actividad funcionaba en las dependencias de una iglesia en la localidad de Waterval B, provincia sudafricana de Mpumalanga, noreste del país, donde un pastor y su esposa mantenían a numerosos “pacientes” en condiciones paupérrimas, algunos encadenados y con heridas.

El operativo fue realizado la víspera en esa localidad, después de que funcionarios de desarrollo social solicitaran la intervención de las autoridades luego de una inspección en la zona.

Asimismo se dijo que el centro operaba sin ningún tipo de registro ni autorización oficial y cobraba una tarifa mensual de unos 154 euros aproximadamente por alojar a pacientes con problemas de adicción a las drogas.

Entre las víctimas de tal atropello se encontraron a unas 30 mujeres, un niño de 11 años y una adolescente de 16.

Los responsables están ahora acusados de secuestro, gestionar un centro de tratamiento clandestino y de incumplir las normas de salud y seguridad.

Autoridades locales destacaron que este nuevo caso suscitó más preocupaciones sobre el creciente número de centros de rehabilitación de drogas ilegales en Sudáfrica.

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