Por: Mario Muñoz Lozano
Corresponsal jefe en Italia
Todo eso, advierten, mientras persisten las dudas sobre el alcance de las ayudas a las familias y las empresas, en momentos de gran preocupación económica por el aumento de la inflación y del precio de los combustibles en el mercado internacional.
El Documento Programático de Presupuesto (DPB) de Italia, remitido a la Comisión Europea el 15 de octubre, contempla una maniobra de unos 23 mil 500 millones de euros para 2027.
Entre sus principales fuentes de financiación figura una contribución de cinco mil millones de euros del sector financiero, además de recortes ministeriales y recursos procedentes del sector del juego.
El presidente de los senadores del Partido Democrático (PD), Francesco Boccia, cuestionó el balance económico del Ejecutivo de Giorgia Meloni y sostuvo que el documento refleja el fracaso de su política económica.
En declaraciones difundidas recientemente, Boccia afirmó que, tras cuatro presupuestos, el crecimiento continúa siendo insuficiente, los salarios reales no han recuperado el poder adquisitivo perdido y la presión fiscal ha alcanzado el 43,5 por ciento.
Las críticas se extendieron a la presentación del Documento Programático de Finanzas Públicas, cuando representantes opositores señalaron que faltaban detalles sobre las medidas previstas, sus costos y las correspondientes coberturas financieras.
Según el diario La Repubblica, durante las audiencias parlamentarias el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, defendió las dificultades de la planificación presupuestaria ante un contexto internacional cambiante y aseguró que el Gobierno busca ayudar a las familias.
Tampoco al sector financiero le agradó la exigencia de cinco mil millones de euros durante 2027. El Quotidiano Nazionale advirtió que fuentes bancarias expresaron malestar porque la cifra se incluyó sin una negociación previa conocida y sin precisar cómo se distribuirá la carga entre bancos, aseguradoras y otras entidades.
El debate también afecta a Forza Italia, partido de la coalición gubernamental dirigido por Antonio Tajani. En un análisis publicado la víspera, Il Foglio destacó dos desacuerdos: la contribución exigida a las entidades financieras y la ausencia, en el documento presupuestario, de garantías suficientes para reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas para las rentas medias.
Analistas de Goldman Sachs y UBS, por su parte, alertan sobre la trayectoria de la deuda italiana, que alcanzó el 136,7 por ciento del PIB en 2025. Según esas valoraciones, podría continuar aumentando al menos hasta 2028, debido en parte al costo de los intereses y a las incertidumbres económicas y políticas.
El economista Filippo Taddei, de Goldman Sachs, señaló que los riesgos fiscales podrían incrementarse en el período previo a las elecciones nacionales de 2027. Otros analistas consideran necesarias reformas estructurales para sostener el crecimiento, más allá de la prudencia presupuestaria.
El Gobierno sostiene que las medidas buscan proteger el poder adquisitivo de los hogares, respaldar las inversiones y atender las necesidades de defensa y seguridad energética. Sin embargo, queda por precisar cómo se distribuirán los recursos y qué compromisos se convertirán finalmente en disposiciones de la ley presupuestaria.
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