La movilización nacional más bien busca convertir el malestar por el coste de la vida en una protesta social más amplia: contra el encarecimiento de los combustibles, la energía y los alimentos, el presupuesto gubernamental y el deterioro de los servicios públicos.

A ello se suman las reivindicaciones de los liceístas por mejores condiciones educativas, más recursos para los centros y la supresión del Parcoursup, una prueba considerada como discriminatoria, además de denuncias de violencia policial y demandas climáticas.

De acuerdo con Euronews, una plataforma colaborativa contabilizó unas mil 300 acciones, incluidas 600 manifestaciones, mientras el ministro galo del Interior, Laurent Nuñez, preveía 250 acciones y 80 cortejos en todo el país, sin contar esta capital.

En París se prepararon dos marchas con punto de partida en la Plaza de la República, una en dirección a la Plaza de la Clichy y otra hasta la Plaza de La Nación.

Aunque los manifestantes esperaban desembocar en la Plaza de la Concordia o de la Opera, la procuraduría policial capitalina rechazó esa opción, al prohibir manifestaciones en varios sectores alrededor del Palacio de Elíseo (presidencia) y Matignon (gobierno).

De su lado, la Empresa Autónoma de Transporte de Paris anunció el cierre de 25 estaciones de metro.

Entre ellas están Charles-de-Gaulle–Étoile, Concorde, Opéra, Madeleine, Assemblée nationale, Bastille, Pigalle y Bourse, con cierres desde las 8:00 o las 12:00, hora local, según la estación.

La convocatoria reúne a los “chalecos amarillos”, estudiantes, liceístas, colectivos climáticos, conductores y organizaciones sindicales, destacó el canal de televisión BFMTV.

Apoyan la acción la Central General de Trabajadores (CGT), Solidaires, la Confédération paysanne, la Unión Sindical de Liceístas, la Unión Estudiantil y la federación de estudiantes FAGE, además de La Francia Insumisa y el Partido Comunista Francés.

La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, vinculó la protesta con la pérdida de poder adquisitivo y reclamó que el esfuerzo económico recaiga sobre los grandes patrimonios, rentistas y empresas.

En cambio, la Fnsea, principal sindicato agrícola francés, no se sumó a la convocatoria de la Confédération paysanne.

De su lado, el Gobierno preparaba un dispositivo reforzado de seguridad, pero evitó mencionar cifras, aunque anunció que las fuerzas del orden podrían recurrir a las armas intermedias, incluidas granadas lacrimógenas y lanzadores de balas de defensa, ante episodios graves.

La autorización para utilizar granadas ensordecedoras volvió al debate después de que un liceísta perdiera una mano en la norteña ciudad de Lens.

De acuerdo con Le Monde, desde el inicio de las protestas juveniles se abrieron 36 investigaciones de la Inspección General de la Policía Nacional, cuatro por lesiones mutilantes.

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