La Comisión Infraestructura y Desarrollo Territorial de la AL dio luz verde al debate ante la Asamblea para modificar el artículo 12 de la Ley Forestal que prohíbe cambiar el uso de suelos de las clases VI, VII y VIII cubiertos de árboles y limita su aprovechamiento a modalidades sostenibles.
Según la propuesta, la reforma permitiría tres excepciones, cuando hayan cambiado las condiciones del entorno; el inmueble no presente las características que justificaron su clasificación; y para proyectos de interés público, incluidos los de infraestructura.
Aunque el texto excluye a los bosques salados, los sitios Ramsar, las áreas naturales protegidas y las zonas de protección acuífera o recarga hídrica, deja un vacío al incorporar «salvo dictamen técnico de la entidad rectora que determine lo contrario», lo cual permitiría excepciones bajo una evaluación de la autoridad competente.
Durante el análisis de la Comisión, la directora de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Paola Bardi, explicó que los solicitantes deberán presentar estudios sobre riesgos naturales, hidrología, zonas de protección y recarga hídrica, actividades económicas, red vial, servicios básicos y usos actuales del suelo.
Análisis que permitirán determinar si las condiciones de los terrenos cambiaron respecto a la clasificación establecida hace 24 años, dijo y ejemplificó que existen casos de urbanizaciones situadas junto a áreas clasificadas para vegetación permanente, cuyo entorno ya no correspondería a las condiciones originales.
Bardi defendió la necesidad de actualizar la normativa ante los cambios territoriales y destacó la importancia económica de la construcción. Aseguró que la reforma no supone una autorización automática, sino que cada solicitud deberá respaldarse con estudios técnicos.
Por su parte, Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, sostuvo que las áreas deforestadas deberían recuperarse mediante la reforestación, en lugar de destinarse a nuevas construcciones.
Al mismo tiempo recordó que entre el 60 y el 65 por ciento del territorio salvadoreño está compuesto por terrenos en laderas con pendientes superiores al 15 por ciento, según los datos Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en 2020
También advirtió que construir en terrenos con pendientes pronunciadas y otras limitaciones naturales podría elevar los riesgos de deslizamientos e inundaciones,
El desarrollo de proyectos en esas zonas podría incrementar los peligros para la población, especialmente ante fenómenos climáticos extremos, aseguró.
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