Entre el 13 y el 16 de octubre se reportaron cortes de electricidad en sectores de Quito, Guayaquil y otras ciudades, sin que se difundieran cronogramas oficiales de interrupción.

Ante la presión sobre el sistema eléctrico, el Gobierno dispuso desconexiones temporales de industrias de medio y alto voltaje durante 72 horas, con el objetivo de reducir la demanda y preservar las reservas de los embalses.

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, solicitó la intervención de la fuerza pública para obligar a las industrias a permanecer desconectadas durante el periodo establecido.

El presidente Daniel Noboa descartó apagones para el sector residencial y anunció el viernes la reanudación de las importaciones de electricidad desde Colombia, aunque expertos consideran esa venta insuficiente para cubrir la demanda.

Entretanto, el nivel embalse de Mazar, fundamental para el complejo hidroeléctrico Paute Integral, estaba a dos mil 123 metros sobre el nivel del mar, apenas ocho metros por encima de su cota mínima necesaria para operar.

En contraste a la falta de lluvias en las zonas de las hidroeléctricas, en la región de la costa más de 20 mil personas han resultado afectadas por las precipitaciones.

Por otro lado, en materia de seguridad, Noboa anunció un nuevo toque de queda en las provincias Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, para facilitar operaciones contra el crimen organizado.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la restricción no incluirá a Santa Elena y que habrá excepciones para determinados desplazamientos laborales y situaciones relacionadas con las lluvias.

La medida coincidirá con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que habitualmente promueve el turismo nacional en los primeros días de noviembre.

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