De acuerdo con la información oficial divulgada por el Ministerio de Planificación y Presupuesto, el reajuste se haría sin modificar el límite de gastos ni la meta fiscal.

La referida cartera precisó en un comunicado que el monto representa poco más del uno por ciento de los gastos primarios sujetos al límite establecido por el marco fiscal vigente.

Aseguró que los ajustes permitirán incorporar las nuevas iniciativas a las cuentas públicas sin aumentar el techo de gastos ni alterar el objetivo de resultado primario, que corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de intereses de la deuda.

Tal propuesta de modificación del Proyecto de Ley de Presupuesto Anual de 2027 será enviada al Congreso Nacional una vez designado el relator de la iniciativa legislativa.

Dicho ministerio puntualizó que parte de los costos podrá ser absorbida mediante revisiones de las estimaciones de gastos obligatorios, mientras otros recursos serán reasignados entre distintas áreas de la administración federal.

La operación deberá respetar las reglas del marco fiscal, que limita el crecimiento real de los gastos públicos al 2,5 por ciento anual, por encima de la inflación del año anterior.

No se especificó cuáles partidas presupuestarias podrían experimentar reducciones ni qué sectores de la administración federal recibirán o cederán recursos.

Con respecto al equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno reiteró su compromiso con la meta de superávit primario del 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027, establecida en el proyecto de Ley de Directrices Presupuestarias.

Ese objetivo admite un margen de tolerancia de 0,25 puntos porcentuales por encima o por debajo de la cifra central. La búsqueda del equilibrio fiscal debe avanzar junto con el mantenimiento de las políticas públicas y la mejoría de la calidad del gasto, recalcó el Ministerio.

También afirmó que el resultado primario mejoró alrededor de dos puntos porcentuales del PIB desde 2023.

Entre los ámbitos vinculados a las iniciativas gubernamentales figuran la protección social, el acceso a la vivienda, la educación, el transporte público y el respaldo a pequeños emprendedores.

Algunas medidas responden a crisis internacionales, al encarecimiento de los combustibles y a los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños.

El Ministerio defendió la continuidad de las responsabilidades estatales en la protección de la población y la garantía de derechos, y rechazó que la ejecución de políticas públicas deba interpretarse automáticamente como un incremento del gasto motivado por el calendario electoral.

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