Con 85 votos a favor, 63 en contra y una abstención el plenario aceptó la objeción presidencial.

El cambio establece una multa equivalente al 0,5 por ciento del valor de los bienes no declarados, con un límite máximo de dos mil 75 salarios básicos unificados, equivalentes a un millón 150 dólares en 2026.

La propuesta original del Legislativo contemplaba sanciones fijas de entre mil y dos mil 75 salarios básicos, es decir, entre 482 mil y un millón 150 dólares.

El mandatario consideró que las multas fijas podían resultar desproporcionadas en relación con la infracción.

La fórmula aprobada también contempla una reducción del 50 por ciento de la sanción para quienes regularicen voluntariamente su situación antes de recibir una notificación.

La medida se aplicará tanto a quienes no presenten la declaración patrimonial pese a estar obligados a hacerlo como a quienes la entreguen, pero omitan total o parcialmente sus activos en el exterior.

Los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, votaron contra la reforma y también contra el veto.

El asambleísta Comps Córdova, de la RC, afirmó que el oficialismo premiará con esta disposición a quienes evaden impuestos en el extranjero.

“Esto no es justicia tributaria, es un privilegio para pocos con el dinero de todos. Una ley que protege a quienes esconden su patrimonio no es una ley para el pueblo”, aseveró Córdova.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), afirmó que la reforma busca fortalecer el sistema tributario, brindar seguridad jurídica y combatir la evasión fiscal

Tras la aprobación de la objeción parcial, la reforma será remitida para su promulgación y publicación en el Registro Oficial, paso previo a su entrada en vigor conforme al procedimiento legal correspondiente.

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