El trámite en el Legislativo debe quedar listo al cierre de esta jornada porque de lo contrario el Ejecutivo podrá aprobarlo vía decreto, según lo estipula el marco normativo del país.

Aun cuando el Gobierno cuenta con las mayorías para hacer pasar el proyecto, legisladores de oposición alertan sobre deficiencias en su articulado.

La senadora Jennifer Pedraza señaló que el presupuesto del próximo año profundiza la crisis fiscal y no atiende los perjuicios provocados por el terremoto ni las necesidades de energía que acarreará el fenómeno de El Niño.

El también senador David Racero, por su parte, consideró que el Congreso no puede ser cómplice de un acto inconstitucional y contrario a las clases populares.

“El artículo 350 de la Constitución es claro: el presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total. Este presupuesto hace justo eso: la inversión pasa del 16,2 por ciento en el 2026 a 14,9 por ciento en el presupuesto para 2027”, manifestó.

Denunció además que el articulado quita recursos a políticas claves para los sectores más vulnerables, como los subsidios a las tarifas de energía, las transferencias a adultos mayores, la reforma agraria y las madres comunitarias.

La senadora Carolina Corcho reveló además que el recorte presupuestal propuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz para 2027 pone en grave riesgo la representación judicial de las víctimas, la investigación territorial, la protección y el funcionamiento operativo que este sistema necesita para cumplirle a Colombia.

“Mientras las instituciones que mejor gestión han demostrado en el esclarecimiento de la verdad sufren reducciones injustificadas, se debilita el componente restaurativo justo cuando empieza a dar resultados históricos”, expresó la congresista.

A todas estas alertas se suma además la de la senadora Esmeralda Hernández, quien remarcó que el proyecto plantea un recorte del 53 por ciento para el sector ambiental.

“Por si fuera poco, aumentan tres billones (948 mil dólares) al sector minero para poner a toda marcha la locomotora de hidrocarburos. Van a saquear nuestro territorio, envenenar los ecosistemas y a masacrar a los animales. Eso es lo que quieren aprobar en el Congreso de la República”, subrayó la legisladora.

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