Un informe presentado este martes en rueda de prensa en esta capital recoge los resultados de un estudio de la organización Amazon Frontlines, que acompañó 39 casos entre julio de 2024 y mayo de 2026.

De ellos, 25 correspondieron a situaciones de riesgo muy alto, con amenazas directas contra la vida y la integridad de las personas defensoras, explicó María Espinosa, integrante de Amazon Frontlines.

“Los Estados incumplen su deber de proteger a quienes defendemos los derechos humanos y en muchos casos utilizan sus instituciones para perseguir y criminalizar nuestra labor”, expresó Espinosa, para quien eso debilita la democracia y pone en riesgo a los pueblos indígenas.

La evaluación identifica la criminalización judicial como la forma de amenaza más frecuente en los tres países, con el 39,5 por ciento de los casos documentados, seguida de las intimidaciones directas, con el 23,7 por ciento, y las presiones económicas, con el 15,8 por ciento.

En Ecuador, el uso del sistema penal representó el 53,1 por ciento de los riesgos registrados.

El informe identifica entre los principales actores señalados en las amenazas a las fuerzas armadas y policiales, empresas mineras, grupos armados irregulares y empresas agroindustriales y petroleras.

En Ecuador, uno de los casos expuestos corresponde a la comunidad Tzawata-Ila-Chukapi, en la provincia amazónica de Napo.

Viviana Calapucha, defensora de derechos colectivos de esa comunidad, denunció que más de 150 familias enfrentan hostigamiento y que sus autoridades son objeto de procesos judiciales, mientras una empresa privada busca apropiarse de sus tierras ancestrales.

Calapucha sostuvo que los cultivos de subsistencia de las familias fueron destruidos y 42 comuneros afrontan procesos penales por defender el territorio.

Asimismo, Oswaldo Nenquimo, presidente de la Organización Waorani de Pastaza, advirtió que los pueblos de su nacionalidad afrontan amenazas relacionadas con la explotación petrolera y la expansión de la minería legal e ilegal, pese a la existencia de una sentencia favorable a sus comunidades.

Indira Vargas, de la nacionalidad Kichwa, denunció procesos penales contra dirigentes indígenas y el bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones y ciudadanos.

Por su parte, Fanny Kaekat, representante de los indígenas shuar, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Naciones Unidas que exijan a los gobiernos respetar los derechos de los pueblos indígenas.

“Queremos vivir en paz porque nuestra selva es nuestra vida, es nuestra casa”, aseveró Kaekat.

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