La reunión, convocada para esta tarde por la primera ministra Giorgia Meloni, abordará medidas que incluyen la ampliación de los controles preventivos, nuevas disposiciones relacionadas con menores de edad y el incremento de la presencia militar en la capital lombarda.

Entre las propuestas figura el despliegue de 500 militares adicionales en Milán, en el marco de la operación Strade Sicure, que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con los cuerpos policiales en tareas de seguridad pública.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, planteó que los efectivos dispongan temporalmente de facultades similares a las policiales durante un período de tres meses, con el propósito de apoyar a la Policía, los Carabineros y la Guardia de Finanzas.

Se prevé que el paquete legislativo contemple también ampliar el recurso al arresto preventivo, incluso para menores en determinadas circunstancias, así como endurecer las sanciones por daños agravados y actos de devastación durante manifestaciones.

Otras medidas en estudio incluyen la posibilidad de arrestos diferidos hasta 48 horas después de determinados delitos y restricciones a la participación en concentraciones de personas consideradas peligrosas para el orden público.

Las propuestas se producen después de los enfrentamientos y saqueos ocurridos en Milán, donde grupos de jóvenes atacaron establecimientos comerciales, rompieron escaparates y se enfrentaron a las fuerzas del orden durante protestas inicialmente vinculadas al encarecimiento de la vida y al deterioro de los servicios públicos.

Según datos difundidos por las autoridades, más de 270 personas fueron retenidas durante los operativos en la ciudad y 14 agentes resultaron heridos.

Los incidentes también afectaron a otras localidades, entre ellas Turín y Bolonia, lo que llevó al Ejecutivo a analizar nuevas herramientas para prevenir la repetición de hechos violentos.

El Gobierno sostiene que las medidas buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger la actividad comercial y preservar el derecho a celebrar manifestaciones pacíficas, al tiempo que pretende actuar contra quienes cometan delitos durante las concentraciones.

Sectores de la oposición cuestionan que el endurecimiento de las normas pueda responder por sí solo a problemas relacionados con la vivienda, la educación, las condiciones de vida y la falta de oportunidades para los jóvenes.

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