Ahmed, en declaraciones en idioma trigrayano a Fana Media Corporation, recordó que la conducta del grupo, desde sus primeros años hasta sus recientes acciones, revela un persistente desprecio por la vida humana y una determinación para evitar la aparición de una generación capaz de construir un futuro fuera de su control.

Las acciones del TPLF, argumentó, fueron impulsadas por el deseo de garantizar que la región de Tigray no pudiera florecer más allá de la propia organización.

Ese objetivo fracasó, subrayó, porque la población de ese estado en el norte del país y su futuro son mucho mayores que cualquier grupo político.

En Mekelle, ciudad capital regional, las personas que perdieron extremidades en los combates luchaban en la pobreza, mientras que los miembros de la organización ilegal se beneficiaban de la riqueza y las oportunidades no disponibles para aquellos que pagaron el precio del conflicto, aseveró.

Indicó que, si bien Etiopía persiguió el desarrollo de corredores y otras iniciativas de infraestructura en diferentes partes del país, el TPLF dedicó su atención a la adquisición de armas y municiones, incluidos los drones, en lugar de invertir en la capacidad productiva de la región.

Asimismo, reveló que no implementaron un desarrollo de corredores comparable en la región de Tigray durante los últimos ocho años, a pesar de los recursos y oportunidades que podrían haber estado dirigidos a mejorar la vida de las personas.

Por otra parte, el jefe de Gobierno etíope reconoció como preocupante la decisión de reanudar los conflictos durante un período de sequía.

En ese sentido, denunció el cierre de las carreteras y el aeropuerto, la restricción del movimiento y obstrucción de los esfuerzos de la población para superar los efectos del problema.

Cuando las comunidades necesitaban acceso, asistencia y la libertad para mantener sus medios de subsistencia, la renovada confrontación trajo más dificultades, advirtió.

Las críticas del primer ministro se extendieron más allá de los acontecimientos recientes a la historia de violencia y represión interna del grupo.

Enunció los abusos durante su lucha, el envío de jóvenes a cruzar minas terrestres y morir, mientras que los agricultores ricos de la región de Tigray fueron calificados de “feudalistas”, encarcelados en pozos y asesinados.

También recordó los casos en que los miembros y líderes del Frente de Liberación de Tigray fueron invitados a cenar y posteriormente asesinados mientras dormían.

Presentó estas experiencias, entre otras, como evidencia de que el tratamiento de la organización a la población de la región de Tigray contradice repetidamente sus reclamos públicos para defender los derechos e intereses.

También desafió su reclamo de defender la Constitución mientras cooperaba con las fuerzas que rechazan el orden constitucional. Describió estas contradicciones como un profundo absurdo que expone la ausencia de principios consistentes en la conducta política del TPLF.

Para Ahmed, la cuestión central no es simplemente el historial de una organización política, sino el futuro de toda una población. La historia, la identidad y la gente de la región de Tigray son anteriores al Frente ilegal por generaciones, y perdurarán más allá de él, afirmó.

Ninguna organización, dijo, tiene derecho a tratar a la población como un instrumento para su propia supervivencia o a sacrificar a generaciones sucesivas en busca del poder político.

En tal sentido, pidió un futuro en el que los tigrayanos puedan vivir con dignidad, recuperarse de los conflictos y dirigir su energía hacia el desarrollo en lugar de renovar la violencia.

Poner fin al ciclo de violencia y revertir años de oportunidades perdidas requiere poner la vida humana, la rendición de cuentas, la paz y el desarrollo por encima de los intereses de quienes mantuvieron a la región atrapada en conflictos, concluyó.

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