Durante el programa radial Criterio Compartido, el titular explicó que una persona vulnerable es aquella que no posee capacidades o recursos suficientes para enfrentar y superar por sí misma determinadas situaciones derivadas de eventos climáticos, problemas de salud o condiciones económicas adversas.
Según precisó, estudios realizados por el organismo permitieron identificar entre los grupos más expuestos a los hogares beneficiarios de asistencia social, familias con alta carga de cuidados, madres jefas de hogar con varios hijos y núcleos familiares con menores que presentan enfermedades crónicas o trastornos del crecimiento.
Otamendiz señaló que la estrategia estatal busca focalizar los recursos disponibles en quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad, sin excluir la incorporación de nuevos casos identificados en las comunidades.
En este sentido, inicialmente se identificaron a 876 mil 522 personas, pero esto no es una cifra estática, de hecho gracias al aporte de la población, a través de plataformas como Soberanía, en el último cierre de septiembre ya se contabilizan 883 mil personas en esta condición.
Explicó que los trabajadores sociales son los encargados de detectar y caracterizar estas situaciones, las cuales posteriormente son evaluadas por grupos municipales de atención a las políticas sociales y aprobadas por los consejos de la administración.
El ministro destacó que el Estado, con apoyo de donaciones y la solidaridad internacional, garantiza recursos para este sector de la población, entre ellos módulos de alimentos y otras ayudas dirigidas a grupos priorizados.
Indicó además que las transformaciones económicas y sociales en marcha pretenden favorecer la incorporación al empleo y el incremento de los ingresos familiares, complementadas con programas de dotación de activos para estimular la autonomía económica de las personas beneficiadas.
Asimismo, resaltó la atención diferenciada a los adultos mayores en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional.
Otamendiz subrayó que la vulnerabilidad no constituye una condición permanente y aseguró que las políticas implementadas buscan que cada persona logre superar esa situación e integrarse plenamente a la vida económica y social del país.
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