La medida busca garantizar el derecho al libre tránsito y evitar que permanezcan activos controles migratorios correspondientes a procesos judiciales concluidos, registros sin fundamento legal o errores administrativos.
El proceso de depuración de documentos acumulados entre 1990 y 2026 fue resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, que examinó los datos históricos para identificar aquellos que debían ser eliminados del sistema.
La procuradora general, Yeni Berenice, solicitó formalmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que levantara las prohibiciones y las alertas sin base legal, que no estuvieran debidamente individualizadas o hubieran cumplido su finalidad.
La depuración se fundamenta en las disposiciones sobre impedimentos de salida y en las garantías constitucionales relativas a la libertad personal y al libre tránsito.
Las autoridades precisaron que los trabajos continuarán hasta completar la revisión de los registros y establecer un sistema de interoperabilidad que permita gestionar de manera más eficiente la colocación y la desactivación de estas restricciones.
La entrada en funcionamiento de esa plataforma está prevista para diciembre de 2026.
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