Por Antonio Rondón

Para algunos analistas, en medio de un periodo de campaña electoral presidencial, casi todos los problemas se politizan y la presentación del proyecto de presupuesto se avizoraba como la gran manzana de la discordia.

Nada más filtrarse las propuestas del gobierno de recortar 54 mil millones de euros en gastos sociales para 2027 y la posible imposición de un gravamen para los “altas jubilaciones”, la Confederación General del Trabajo (CGT) dio la primera señal de alarma.

Eso, sin dudas, significa ir a la huelga, declaró a principios de septiembre Sophie Binet, secretaria general de la CGT, quien consideró inaceptable la fórmula propuesta por el Gobierno para reducir la creciente deuda del Estado.

Aquí se suma otro elemento del círculo vicioso. Reducir el déficit del presupuesto a al menos 5,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), busca frenar el crecimiento de la deuda pública para evitar, además, el aumento del pago del servicio de la deuda (92 mil millones de euros anuales).

En Francia, de la mayoría de los pagos sociales se encarga una figura financiera que sin llegar a ser un banco tradicional, se nutre de los ingresos por las inversiones en los bonos emitidos por el estado francés, necesitados de nuevas inversiones dos veces al año.

Si la deuda pública francesa, que ya superó el 119 por ciento del PIB, continua su ascenso, Francia se arriesga a que las agencias calificadoras le bajen el estatus y con ello se reduzca el interés de los inversores, lo cual causaría problemas con el citado distribuidor de pagos sociales, incluidas jubilaciones y ayudas sanitarias.

La otra parte del círculo vicioso se incorpora en febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel agreden a Irán, tras lo cual ese país toma la decisión de cerrar el estrecho de Ormuz, por donde se mueve el 20 por ciento de los hidrocarburos del orbe.

A ello se une la avería de un gasoducto saudita, el cierre parcial del estrecho de Bab el Mandeb, en el mar Rojo, así como el efecto bumerán para Europa del boicot a la compra de hidrocarburos a Rusia, su suministrador histórico, a causa del conflicto ucraniano.

En estas circunstancias donde se encarecen los carburantes, salen a flote otros problemas que se acumularon por casi una década como el crecimiento de los precios de los combustibles, de los alimentos y de los servicios a razón de casi 1,2 por ciento por más de una década.

Desde la llegada de Emmanuel Macron a la presidencia en 2017 los precios crecieron en 23,4, por ciento, con subidas del 60 por ciento en la energía y del 35 en los alimentos, durante la última década.

En septiembre pasado, la inflación interanual alcanzó el 3,1 por ciento, mientras el encarecimiento de los carburantes y las facturas de electricidad y gas volvieron a presionar presupuestos familiares.

Otro elemento del círculo vicioso es la dificultad de los salarios para seguir el ritmo de los precios, comenta Le Monde.

En casi una década, el salario promedio aumentó un 22,8 por ciento, por debajo del 23,4 de inflación acumulada, mientras que en la función pública el índice salarial apenas creció un 5,7 por ciento, incluida una congelación total los tres últimos años, destaca France 24.

La presión económica golpea con mayor fuerza a hogares vulnerables, porque deben dedicar una proporción mayor de sus ingresos a necesidades básicas y gastos difíciles de evitar, como vivienda, energía y transporte, en medio del alza de los carburantes.

El Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee) contabilizó 9,8 millones de personas en situación de pobreza en 2024, equivalentes al 15,4 por ciento de la población estudiada, el nivel más alto desde que comenzó esta serie estadística en 1996.

Las diferencias entre territorios también importan, pues quienes necesitan el automóvil para trabajar en zonas rurales soportan especialmente el encarecimiento de los carburantes.

También se suman las desigualdades y el temor a nuevos recortes sociales. Según el Insee, el 20 por ciento de los hogares más acomodados concentra el 38,8 por ciento del nivel de vida total.

Aunque el poder adquisitivo global aumentó en algunos periodos recientes, su desaceleración desde 2024 y el reparto desigual de sus beneficios ayudan a explicar por qué numerosos ciudadanos exigen en las calles medidas concretas para reducir el costo de la vida.

Casi en último tramo están las propias protestas.

Comenzaron con los bloqueos de liceos por los estudiantes, luego los sindicatos hasta llegar a un nivel cuando elementos extremistas se aprovechan para lanzarse al saqueo de comercio y daños a edificios administrativos, con pérdidas estimadas en mil 200 millones de euros.

El estado realizó 10 mil arrestos e impuso toque de queda parcial en París, Toulouse, Lyon, Marsella, Burdeos, Niza y otras. Los estudiantes llaman a una nueva protesta el día 24 y la CGT a una huelga general el 5 de noviembre. Ahí se cerró el círculo.

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