El decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros tras los disturbios registrados en Milán, introduce el delito de participación violenta en manifestaciones, que podrá castigarse con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20 mil euros, según informaciones de medios italianos e internacionales.

Las disposiciones contemplan sanciones más severas en determinadas circunstancias agravantes, entre ellas la ocultación de la identidad y la provocación de lesiones.

Asimismo, amplían las posibilidades de retención preventiva de adolescentes de entre 14 y 17 años considerados potencialmente peligrosos para el orden público y establecen la responsabilidad económica de los padres por daños causados por sus hijos menores en los casos previstos.

La primera ministra, Giorgia Meloni, defendió las medidas como una respuesta necesaria frente a los saqueos y destrozos que afectaron establecimientos comerciales y otros espacios urbanos.

Sostuvo que las dificultades sociales o el desacuerdo político no justifican la violencia y reivindicó la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos y sus bienes.

El Ejecutivo también anunció el despliegue de 500 militares adicionales en Milán para reforzar las labores de vigilancia y apoyo a las fuerzas policiales, después de los enfrentamientos del pasado fin de semana, que dejaron detenidos, agentes heridos y cuantiosos daños materiales.

Sin embargo, las decisiones provocaron una reacción crítica de sectores de la oposición, que cuestionan el enfoque predominantemente punitivo del Gobierno y advierten sobre la necesidad de preservar el derecho a la manifestación pacífica.

Representantes de la centroizquierda consideran que las medidas de seguridad deben acompañarse de políticas capaces de abordar las causas sociales del malestar juvenil.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, también señaló que la respuesta institucional no puede limitarse a la represión de los actos violentos y llamó a examinar los factores que alimentan las tensiones sociales en las grandes ciudades.

La controversia se produce en un contexto de preocupación por el aumento del coste de la vida y las dificultades económicas que afectan a distintos sectores de la población italiana, mientras las protestas y los conflictos laborales mantienen presión sobre las autoridades.

El decreto abre ahora una nueva etapa de confrontación política en torno al equilibrio entre seguridad pública, prevención de la violencia y libertades civiles. Como decreto ley, deberá ser examinado por el Parlamento y convertido en ley dentro del plazo constitucional de 60 días para mantener su vigencia.

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