La iniciativa establece que al menos el 26,8 por ciento del monto anual de las enmiendas parlamentarias obligatorias, individuales y de bancada (recursos asignados a los legisladores), se destine a sufragar la gratuidad del transporte colectivo urbano.
Según las estimaciones del proyecto de presupuesto para 2027, que contempla 44 mil 800 millones de reales (casi nueve mil millones de dólares) en esas partidas, la medida permitiría reservar alrededor de 11 mil 200 millones de reales (dos mil 200 millones de dólares) para financiar el servicio.
Los recursos se transferirían obligatoriamente a los estados, el Distrito Federal y los municipios responsables de gestionar los sistemas de transporte urbano.
También, la reforma prevé incorporar nuevas disposiciones al artículo 166 de la Constitución brasileña para establecer la asignación presupuestaria específica y garantizar que los fondos lleguen a las administraciones encargadas.
El mecanismo propuesto busca financiar los pasajes gratuitos mediante la redistribución de recursos presupuestarios ya contemplados, en lugar de crear una nueva fuente de gastos públicos.
A criterio del Gobierno, esa fórmula permitiría mantener la neutralidad fiscal y respetar los vigentes límites de gasto.
Sin embargo, la iniciativa deberá superar el trámite legislativo correspondiente, pues para modificar la Constitución, una propuesta de enmienda necesita ser examinada y aprobada en dos turnos por la Cámara de Diputados y por el Senado.
Medios de prensa apuntaron que el texto no establece por sí mismo todos los detalles operativos del beneficio, como las condiciones específicas para su aplicación en cada sistema de transporte, los cuales deberán definirse durante la reglamentación posterior.
Lula anunció la propuesta el pasado 15 de octubre, cuando vinculó el transporte gratuito con la posibilidad de que los trabajadores aprovechen sus días de descanso para visitar a familiares, pasear y realizar actividades recreativas.
El financiamiento del transporte colectivo representa un desafío para las administraciones locales, que gestionan buena parte de los servicios urbanos y recurren a diferentes combinaciones de tarifas, subsidios y recursos públicos para sostener su funcionamiento.
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