La petición gubernamental sostiene que durante el trabajo investigativo reciente se detectaron conductas orientadas al financiamiento y al apoyo logístico de estructuras delictivas y actividades de comunicación y reclutamiento destinadas a conservar vínculos entre sus integrantes.

Unido a la detección de acciones aisladas que reproducen el modo de operar de las pandillas dirigidas a mantener mecanismos de vigilancia, identificación y control sobre determinados espacios o comunidades.

A juicio del Gobierno, los elementos expuestos evidencian la persistencia de dinámicas criminales que buscan la continuidad, adaptación o rearticulación de las pandillas.

Por otra parte, la solicitud detalla que durante el régimen de excepción ya transcurrieron mil 346 días sin homicidios atribuibles a las pandillas, y se capturaron unas 93 mil 334 personas vinculadas a estructuras criminales.

Sobre el régimen de excepción existen diversas opiniones de actores tanto nacionales como internacionales.

Por una parte, reconocen la disminución sostenida de la criminalidad pero alertan sobre la suspensión de las garantías constitucionales al conservar limitaciones relacionadas con el derecho de defensa, el tiempo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones, contempladas en los artículos 12, 13 y 24 de la Constitución.

Organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas del Régimen rechazan la captura de personas inocentes bajo la medida, al tiempo que el Gobierno ha admitido que existe un “margen de error” sin detallar cuántos arrestos corresponderían a dicho margen.

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