El senador de Alianza Verde Ariel Ávila calificó el proyecto de ley de “una verdadera grosería institucional para beneficiar testaferros y lavadores de dinero”.

Alertó el congresista que la iniciativa le otorga facultades extraordinarias al presidente para todo, incluso, para el marco de sometimiento individual, entre otras cuestiones.

Durante la víspera la propuesta superó su primer debate en el Legislativo, lo cual fue rechazado enérgicamente por la senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho.

“El día de ayer las mayorías aplanadoras de las comisiones primeras conjuntas votaron para rebaja de penas a testaferros y lavadores de activos del narcotráfico, que hoy dan penas hasta de 22 a 30 años. Lo redujeron a tres años. Los abogados de la mafia, hechos gobierno, lograron extender su litigio hasta el Congreso”, expuso la congresista.

Corcho consideró que con la anuencia de los comités se avanza en dar impunidad y promover las estructuras financieras del narcotráfico.

“No era una ley de sometimiento ni orden público, lo que presentaron fue un proyecto de ley para someter al Estado a estas estructuras”, alertó.

Abundó que si se aprueba un beneficio de apenas tres años de cárcel a los financistas y testaferros del narcotráfico, las bancadas que voten a favor se están poniendo abiertamente al servicio de ese delito.

“Quieren brincarse la Constitución con una ley ordinaria y redactaron un texto a la medida de los narcos que, en la vida real, no va a desmovilizar a nadie ni va a desmantelar a ningún grupo armado”, sentenció.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra también manifestó sus objeciones.

“El Gobierno de Abelardo de la Espriella habla de mano dura contra las mafias, pero su proyecto de ley de sometimiento plantea rebajas de penas para integrantes de organizaciones criminales, mientras restringe las herramientas para negociar la paz”, planteó.

Los argumentos del Ejecutivo refieren que el proyecto busca establecer un marco jurídico estricto de acogimiento a la justicia para las estructuras armadas ilegales.

Sostiene que los referidos grupos no son actores políticos, por lo que se prohíbe cualquier negociación política, tregua o concesión de estatus político con ellas, y descarta la suspensión de órdenes de captura o de trámites de extradición para quienes ya estaban pedidos por la justicia antes de la entrada en vigor de la norma.

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