En declaraciones a Prensa Latina, los dos cuestionaron el procedimiento judicial contra González y lo vincularon con un escenario de deterioro de la seguridad, la salud, la educación y el sistema energético previo a las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

La asambleísta sostuvo que, ante la posibilidad de resultados electorales desfavorables para el oficialismo, el Gobierno necesita distractores que reduzcan la atención sobre los problemas estructurales del país.

“Como no van a poder vencer en las urnas, hoy en medio de una crisis energética necesitaban distractores y Luisa González se convierte en una presa política para distraer los problemas estructurales que tenemos en el Ecuador”, afirmó Cabezas.

La legisladora cuestionó la apertura del proceso denominado caso Laberinto, por el cual acusan ahora a González y que, según la Fiscalía, está relacionado con presuntas irregularidades en la campaña electoral de 2023.

Cabezas recordó que la causa ya había sido juzgada y se impuso una multa a la exaspirante a la jefatura del Ejecutivo, cuyo pago —aseguró— fue cubierto con aportes de integrantes de la RC.

Ante esa situación, la integrante del bloque legislativo opositor acusó al fiscal general, Leonardo Alarcón, de actuar al servicio del Gobierno y puso en duda la transparencia del procedimiento mediante el cual fue designado.

La aprehensión de González está ligada al escenario regional, marcado por la persecución judicial contra figuras progresistas de América Latina, comentó Cabezas.

“Si esto no es dictadura, explíquenme ustedes a mí qué es”, expresó al cuestionar la actuación del actual Gobierno ecuatoriano.

Por su parte, Virgilio Hernández consideró que la detención de González constituye otra señal de lo que describió como un proceso de concentración del poder y debilitamiento de la institucionalidad democrática en Ecuador.

El parlamentario andino sostuvo que las funciones del Estado carecen de independencia efectiva y afirmó que la Fiscalía actúa siguiendo instrucciones políticas.

“Aquí no hay independencia ni legislativo, peor aún del judicial. Hay una Fiscalía prácticamente que cumple consignas políticas”, afirmó a Presa Latina.

En su opinión, el clima político se caracteriza por restricciones a la competencia electoral y a la participación de fuerzas opositoras.

Hernández sostuvo que la proscripción de partidos, el encarcelamiento de adversarios y la salida del país de personas críticas del Ejecutivo contribuyen a extender el temor entre quienes cuestionan las decisiones oficiales.

“Esto que empezó con la RC, paulatinamente se va extendiendo a toda voz crítica, que ahora está siendo perseguida. (…) Vivimos una dictadura”, aseveró.

La detención de González, que disputó con Noboa la presidencia en 2023 y 2025, causó un revuelo en el ámbito político nacional.

La RC repudió las acusaciones de irregularidades en la campaña y en una rueda de prensa la titular del partido, Gabriela Rivadeneira, llamó a movilizaciones para exigir la libertad de González.

Rivadeneira coincidió en que el Ejecutivo busca desviar la atención de los problemas reales que atraviesa el país mediante actuaciones judiciales contra sus adversarios.

“Quieren tapar la crisis energética, la crisis de salud, la crisis educativa, la crisis de inseguridad”, aseveró y añadió que el Gobierno recurre a “shows mediáticos” en vísperas de los comicios locales.

El 29 de noviembre venidero los ecuatorianos deberán elegir prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y otras autoridades locales en un proceso electoral marcado por las denuncias de obstáculos a la participación de la oposición.

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