El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, explicó que por esos crímenes el ministerio público solicitó un juicio en audiencia única abierta y aplicación de cadena perpetua, una reforma recién aprobada por la Asamblea Legislativa contra el delito de pertenencia a una organización terrorista o pandilla.

Muñoz precisó que los acusados son jefes históricos de la pandilla Barrio 18, en sus facciones Revolucionarios y Sureños a quienes se les acusa por homicidio, extorsión, tráfico de armas, trata de personas, rebelión y la pertenencia a organización terrorista.

Entre los crímenes que la Fiscalía destacó figuran el atentado contra la delegación policial de Quezaltepeque en 2015, y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, en el cual murió un miembro de la seguridad, los explosivos en el Ministerio de Seguridad y la granada fragmentaria hacia la Fiscalía General de la República en 2014.

A ello se suman 269 de homicidios, incluidos el asesinato de un policía y su hija, en Soyapango el 6 de julio de 2015, o el de dos policías en San Martín, el 12 de abril de 2016.

La acusación también contempla las masacres de San Juan Opico contra de 11 trabajadores en el caserío La Flor, en Agua Escondida, en marzo de 2016; y la otra matanza fue contra motoristas de furgones del 30 de marzo de 2015.

De los 564 acusados, 474 son reos presentes y 90 son ausentes, acotó.

La FGR llevó a cabo un proceso similar contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha, MS-13, con la diferencia que aún no estaba vigente la cadena perpetua en vigor desde el pasado 27 de septiembre.

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