Los legisladores Luis Cuello, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Socialista, presentaron la acusación por el delito de prevaricación administrativa, la cual se aplica a cualquier funcionario público que dicte una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia.

El titular de Justicia está envuelto en una crisis tras revelarse que benefició con disminución de penas a 56 sancionados por abusos contra niños y adolescentes.

Pese a las restricciones que establece la legislación vigente, Rabat firmó los decretos a favor de los condenados por este grave delito.

“El ministro tenía la obligación de denegar la rebaja de condena», dijo Cuello, y añadió que Rabat debería dar un paso al costado.

Por su parte, Santana calificó de «impresentable» que el presidente José Antonio Kast haya ratificado a Rabat en su cargo.

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