En segunda instancia, la iniciativa recibió el respaldo de 51 diputados, mientras 20 votaron en contra, luego de una discusión de más de 16 horas en el pleno de la Asamblea Nacional (parlamento).
Del monto global, 12 mil 839,7 millones de dólares, equivalentes al 36,6 por ciento, corresponden a inversiones, mientras 22 mil 272 millones(63,4 por ciento) se destinan a gastos de funcionamiento.
Uno de los puntos más controvertidos fue la modificación del artículo 370, impulsada por diputados de distintas bancadas, que amplía las instituciones autorizadas a realizar contrataciones excepcionales de servicios técnicos, repuestos y equipos por montos inferiores a un millón de dólares, sin aplicar los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones Públicas.
Entre las entidades incluidas figuran el Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, la Autoridad de Aseo y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como determinados ministerios.
La disposición permite acogerse a ese mecanismo ante situaciones fortuitas, de urgencia o circunstancias justificadas de interés público que requieran atención prioritaria. También establece la obligación de contar con reglamentos especiales aprobados por la Contraloría General de la República y publicados en la Gaceta Oficial.
La reforma generó críticas de diputados independientes, quienes advirtieron sobre los riesgos de ampliar las excepciones a los controles ordinarios y reclamaron mayores garantías de transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se distanció de la propuesta y aseguró que no fue iniciativa de su despacho, aunque se comprometió a ejercer una fiscalización rigurosa de los recursos estatales.
El funcionario defendió la necesidad de contar con el presupuesto para el próximo año y sostuvo que la modificación del artículo 370 no representa un incremento de las cifras previstas, sino un cambio en las normas de contratación.
Durante el debate, también surgieron cuestionamientos al gasto en publicidad, el crecimiento de la plantilla estatal y la necesidad de orientar las asignaciones hacia resultados concretos y sectores vulnerables.
El proyecto de ley 644 deberá superar el tercer debate este viernes 30 de octubre, en vísperas del cierre del actual periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, previsto para el día 31.
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