El bloque opositor cuestionó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitiera la discusión de la proforma presupuestaria a la Comisión de Desarrollo Económico, en lugar de la Comisión de Régimen Económico, como establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En un comunicado, la RC afirmó que la decisión “vulnera la seguridad jurídica y vicia el procedimiento legislativo”.

También cuestionó que el tratamiento del tema inicie durante el feriado por el Día de los Difuntos y acusó a la mayoría legislativa de priorizar la protección del Gobierno de Daniel Noboa.

La asambleísta Mónica Alemán, de la RC, comentó que si es tan buena la propuesta enviada por el Ejecutivo, por qué la quieren «esconder» tratándola un lunes de feriado, cuando la mayoría de los ecuatorianos están en otras actividades.

Pese a los cuestionamientos, el debate de la proforma comenzó en la Comisión de Desarrollo Económico, que recibió a representantes del Ejecutivo para exponer las previsiones macroeconómicas, los ingresos y gastos proyectados, así como las prioridades de inversión pública.

La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), respondió que existen precedentes de 2019 y 2021 en los que esa mesa legislativa trató la proforma y añadió que la convocatoria se realizó esta fecha por la proximidad de la vacancia legislativa y las elecciones seccionales.

El viceministro de Finanzas, Miguel Hernández, detalló que los ingresos estimados alcanzan 34 mil 427 millones de dólares y los egresos 38 mil 838 millones, con un déficit fiscal de cuatro mil 412 millones, equivalente al 3,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el funcionario, el déficit previsto es mil 14 millones de dólares inferior al proyectado en la proforma de 2026, mientras que los supuestos económicos contemplan un crecimiento real del PIB del 2,5 por ciento, un precio promedio del petróleo de 66 dólares por barril y una inflación anual del 2,2 por ciento.

La propuesta incluye necesidades de financiamiento por 13 mil 671 millones de dólares y asignaciones por cuatro mil 345 millones para los gobiernos autónomos descentralizados, tres mil 955 millones para la seguridad social y mil 471 millones para bonos sociales.

Hernández aseguró que el cálculo se sustenta en una mayor eficiencia del Servicio de Rentas Internas, el fortalecimiento de los controles y las acciones contra la evasión, sin contemplar nuevas medidas impositivas.

La Asamblea dispone de 30 días para pronunciarse sobre la proforma presentada por el Ejecutivo el 30 de octubre pasado.

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