Aseguró la entidad que los afectados, entre los que se hallan niños, mujeres, ancianos y autoridades tradicionales, permanecen temporalmente en Jurubirá, una comunidad afrodescendiente, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal de Nuquí.

También señaló que la emergencia ocurre poco después de que se alertara sobre el agravamiento de las condiciones de seguridad en la zona, tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva.

La Defensoría expuso que el agravamiento de la situación se debe a la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional.

Reveló por otra parte su preocupación de que los perjuicios derivados del deterioro del orden público se extiendan a otras poblaciones.

“Según la información conocida, la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de 300 personas, también estaría evaluando desplazarse ante las condiciones de inseguridad. Es indispensable actuar de manera preventiva para evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares y territorios”, advirtió.

El organismo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que, de manera articulada, garanticen la atención humanitaria inmediata de las familias desplazadas, incluida alimentación, agua potable, atención en salud y condiciones dignas de alojamiento temporal, con enfoque étnico y diferencial.

Pidió asimismo coordinar los medios de transporte fluvial y las medidas de protección necesarias para facilitar un traslado seguro, cuando las condiciones de seguridad y navegación lo permitan y activar las rutas de atención a quienes abandonan sus hogares.

Igualmente solicitó la adopción de medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que permanecen en sus territorios, especialmente Puerto Indio, ante el riesgo de nuevos desplazamientos.

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