De acuerdo con el primer subdirector gerente del organismo, Dan Katz, mantener la disciplina presupuestaria y avanzar en los cambios estructurales permitirá preservar los avances alcanzados mediante el programa de Servicio Ampliado (SAF), firmado por mil 400 millones de dólares entre el Gobierno de El Salvador y FMI en febrero de 2025.

Katz se reunió recientemente con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y con representantes del sector empresarial con quienes sostuvo la importancia de fortalecer la transparencia, mejorar el entorno de negocios y promover la inversión privada.

El programa del FMI contempla para la nación centroamericana un ajuste fiscal de 3,5 puntos del producto interno bruto (PIB) durante tres años, a partir de 2025, con el propósito de reducir la deuda pública, que representó el 87,6 por ciento del PIB en 2025.

Entre los compromisos pendientes figura una reforma paramétrica de pensiones, que el Gobierno deberá presentar a finales de junio de 2027 y cuya implementación está prevista para septiembre de ese año.

Sobre la reforma de pensiones, expertos consideran que el traslado de su presentación para junio tiene fines electorales (28 febrero 2027), pues podría implicar el aumento de la edad de jubilación, incrementar años de cotización, subir aportes o aplicar recortes de gasto público y ajuste fiscal

El acuerdo contempla otras medidas de recorte social, entre ellas reducir el gasto estatal, la disminución de la masa salarial, eliminación de plazas vacantes, restricciones a nuevas contrataciones, así como la racionalización de transferencias a las municipalidades.

Esas disposiciones representan desafíos para la administración pública, pues pueden limitar las oportunidades de empleo estatal y reducir la disponibilidad de recursos para determinadas actividades institucionales.

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