En una circular enviada al Legislativo, el abogado Edgar Ortiz explicó que, desde el inicio de la socialización de las ideas y de la recolección de firmas, su esposa, quien es directora ejecutiva, y él, enfrentaron esa situación.

En septiembre entregamos ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente, pero la persecución e intimidaciones continuaron, por lo que el pasado 31 cancelaron el Congreso Ciudadano convocado, recordó.

Durante las últimas semanas las provocaciones alcanzaron a varios de los voluntarios y líderes departamentales, quienes participaron “en este esfuerzo de buena fe y sin otro interés que contribuir a su país”, amplió Ortiz.

“Siempre hemos sostenido que una propuesta de reforma se puede discutir, cuestionar o rechazar por medio del diálogo y el debate de ideas, pero nunca con intimidación”, aseveró.

Como la vida y la integridad de las personas están por encima de cualquier proyecto, la Asamblea General de Poder Ciudadano se reunió en sesión extraordinaria, contó.

Resolvimos así retirar de manera irrevocable la propuesta de reforma constitucional al sector justicia que presentamos ante el Parlamento el 28 de septiembre último, expresó.

La organización reunió antes alrededor de 16 mil 500 firmas para impulsar diferentes cambios, como sustituir las comisiones de postulación, establecer nombramientos escalonados para las cortes, eliminar la reelección de magistrados, entre otros.

Buscaremos que al menos 10 diputados de distintas bancadas presenten la iniciativa como su propuesta, enfatizó.

“La decisión es única y exclusivamente proteger nuestra seguridad y la de nuestros voluntarios”, puntualizó el representante.

La iniciativa nació el 4 de julio del presente año con el objetivo de reformar técnicamente el sistema de justicia y el funcionamiento institucional del país.

A mediados del mes anterior, tras el sonado asesinato del reconocido exfiscal Juan Francisco Solórzano, el movimiento Poder Ciudadano divulgó las amenazas de muerte, persecución y seguimientos.

El propio Gobierno de Guatemala reconoció la existencia de campañas de persecución, violencia e intimidación dirigidas a frenar las reformas democráticas, a silenciar voces críticas, mientras hay estructuras interesadas en mantener el statu quo.

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