En un informe sobre el tema, dicho organismo advirtió que los ataques que causan daños a los sistemas de saneamiento e higiene se están multiplicando, diversificando y extendiendo a nuevas zonas geográficas, a medida que las partes en disputa incumplen la norma más básica de la guerra: proteger a la población civil.

Cuando los servicios de agua son destruidos o se interrumpen, se produce un repunte de las enfermedades infecciosas y la malnutrición. Los hospitales y las clínicas de salud dejan de funcionar. Las escuelas cierran sus puertas. Además, los niños que se ven obligados a ir a buscar ese recurso vital lejos de casa se vuelven cada vez más vulnerables a la violencia de género, los secuestros y el reclutamiento como soldados, añadió.

Según Unicef, las agresiones a esos sistemas se triplicaron entre 2021 y 2025 y ocurrieron en 23 países y territorios, lo cual tiene efectos devastadores en los menores de edad y el resto de las personas afectadas.

El informe identifica siete categorías de actos de ese tipo, que van desde ataques a plantas de tratamiento, tuberías y pozos, hasta la contaminación de fuentes hídricas y la imposición de restricciones al suministro de repuestos y productos químicos necesarios para el tratamiento del agua.

La agencia de la ONU instó a las partes en conflicto y a los Estados miembros a proteger los sistemas, recopilar de manera sistemática datos sobre las agresiones, proteger a los niños, trabajadores y comunidades, facilitar el acceso del personal humanitario y apoyar mecanismos de continuidad de los servicios gestionados a nivel local.

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