Según el mandatario, se reunirá con la ministra de la Casa Civil, Miriam Belchior, y el titular de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, para examinar los detalles de la iniciativa.
La nueva cartera será creada mediante una medida provisional, instrumento con fuerza de ley que entra en vigor inmediatamente después de su firma presidencial, aunque necesita la aprobación del Congreso Nacional para convertirse definitivamente en norma.
Durante una transmisión en directo ayer por YouTube junto al diputado federal André Janones, Lula explicó que la propuesta también deberá abordar los recursos financieros destinados a los gastos e inversiones en el sector.
“Vamos a hacer la primera discusión porque voy a enviar la medida provisional creando el Ministerio de Seguridad Pública, discutiendo el dinero para invertir”, manifestó el gobernante.
Tal decisión ocurre después de que el Senado aprobara hace tres días la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad Pública, presentada por el Ejecutivo y considerada una de las principales iniciativas del Gobierno para ampliar su participación en el enfrentamiento al crimen organizado.
El proyecto recibió 73 votos favorables en la primera votación y 75 en la segunda, sin sufragios contrarios, y su promulgación por el Congreso constituye el siguiente paso para incorporar los cambios al texto constitucional.
Lula había condicionado la creación del dicho ministerio a la aprobación de esa reforma, que busca fortalecer la coordinación entre la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios en las políticas de seguridad.
Entre sus objetivos, la nueva institución tendrá articular las acciones de los diferentes niveles de Gobierno, fortalecer el intercambio de información y ampliar la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales, facciones y milicias.
La iniciativa se vincula con el programa Brasil contra el Crimen Organizado, lanzado en mayo último y que contempla medidas para combatir el tráfico de armas, municiones, accesorios y explosivos, debilitar financieramente a las organizaciones delictivas y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios.
El mandatario defendió también una mayor cooperación federativa para enfrentar la expansión de los grupos criminales y garantizar recursos destinados a las políticas públicas del sector.
Reportes de prensa recordaron que la creación de la cartera fue una promesa de campaña de Lula para su cuarto mandato y forma parte de la estrategia gubernamental de ampliar el protagonismo federal en un área que tradicionalmente ha tenido una fuerte responsabilidad de los estados.
Según el procedimiento constitucional, la medida provisional tendrá vigencia inicial de 60 días, prorrogable de manera automática por igual período si el Congreso no concluye su votación.
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