En una declaración conjunta, la ADP, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) y el Observatorio de Políticas Públicas de esa institución cuestionaron los recientes anuncios del ministro de Educación Superior, Rafael Santos, sobre la posibilidad de presentar un proyecto de ley durante este mes.

Consideraron que el contenido de la iniciativa todavía no es conocido ni ha sido consensuado con los sectores vinculados a la enseñanza, pese a que está en marcha un proceso de diálogo sobre el futuro del sistema educativo.

Advirtieron que establecer plazos para una aprobación apresurada de una legislación de esa trascendencia podría generar desconfianza y obstaculizar la construcción de acuerdos.

Las entidades reiteraron, además, su rechazo a la eventual fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al estimar que esa medida no resolvería las deficiencias estructurales de la enseñanza y podría debilitar la institucionalidad pública.

A su juicio, una transformación del sistema debe contar con la participación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los gremios docentes, el personal técnico, los trabajadores de apoyo y las organizaciones estudiantiles.

Asimismo, plantearon que cualquier propuesta debe sustentarse en una evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, los resultados del Pacto Educativo y los efectos de las políticas públicas aplicadas hasta la fecha.

Los gremios defendieron una reforma basada en la consulta ciudadana y la participación de los distintos actores, con el propósito de fortalecer la educación pública como un derecho y no como una mercancía.

En ese contexto, se declararon en pie de lucha para defender la enseñanza pública, la educación superior universitaria, la formación técnica y los derechos de docentes, estudiantes y trabajadores del sector.

Finalmente, exhortaron a Santos a reconocer que la discusión sobre la crisis educativa requiere diálogo, responsabilidad y consenso nacional.

ocs/mpv