El expediente, que investiga un presunto desfalco millonario en la entidad responsable de garantizar la cobertura sanitaria a una parte importante de la población, mantiene la atención pública sobre el manejo de los recursos destinados a la salud, los controles institucionales y la transparencia en la administración estatal.

El proceso judicial también reaviva el debate sobre las consecuencias de la corrupción en los servicios públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.

El acontecimiento más reciente fue la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de ratificar, el jueves 5 de noviembre, la prisión preventiva contra el exdirector de la institución, Santiago Hazim, y contra otros cuatro imputados por su presunta vinculación con un desfalco millonario a la aseguradora estatal.

En la misma audiencia, el tribunal varió la medida de coerción a Rafael Luis Martínez Hazim, quien pasó a arresto domiciliario, con garantía económica de 15 millones de pesos (unos 238 mil dólares), impedimento de salida del país y dispositivo electrónico de localización.

El expediente, derivado de la denominada Operación Cobra, investiga un presunto entramado de corrupción que, según el Ministerio Público, habría causado un perjuicio superior a los 15 mil 900 millones de pesos (aproximadamente 266 millones de dólares).

Las decisiones judiciales mantuvieron la atención pública sobre un caso que compromete recursos de la principal aseguradora estatal de salud y genera cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión, transparencia y administración de los fondos destinados a la atención sanitaria.

rc/mpv