Luego de la emboscada a los aerotécnicos salvadoreños, el 18 de octubre, desde el lunes comenzaron a aparecer las primeras luces sobre la legalidad de la permanencia en esa isla caribeña de un contingente militar de la nación cucastleca compuesto unos dos mil soldados, vehículos y helicopteros de combate.

El 3 de noviembre el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que la gran mayoría del personal adicional enviado por El Salvador no opera bajo el mandato de la misión internacional de la Fuerza de Supresión de Pandillas, GSF, por sus siglas en inglés.

Aunque Dujarric reiteró que todas las operaciones de seguridad realizadas en Haití, en el marco de la GSF o por autoridades nacionales y sus socios deben ejecutarse en plena conformidad con el derecho internacional.

Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció el respaldo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y explicó que los combates contra las organizaciones criminales se desarrollan mediante la coordinación de la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas Haitianas, la GFS y los elementos salvadoreños.

De tal manera que una misión que comenzó con finalidades de rescate se ha transformado en otra para combatir a los grupos armados que asolan Haití desde hace años sin que ninguna misión internacional lograra contenerlos. Más adelante en la semana, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el despliegue militar en territorio haitiano y aseguró que la presencia salvadoreña responde a un acuerdo bilateral con las autoridades de esa nación, cuestiones que abordó durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España.

Incluso confirmó en una entrevista que Fils-Aimé visitará El Salvador el 16 y 17 de noviembre para, entre otras cuestiones, para discutir el futuro de las tropas desplegadas en esa isla del Caribe.

Las redes sociales también tienen su espacio en el comflicto, en los últimos días Bukele compartió X desde amenazas a las pandillas, desmentidos sobre la aparición de los cuerpos de los soldados, videos de las tropas en operaciones, y varias cartas a la población haitiana en la cual explica sus razones para el despliegue.

Por otra parte, los analistas insisten en la falta de legalidad de las operaciones, por la falta de aprobación de la Asamblea Legislativa los recursos a utilizar, y el tiempo destinado a la misión.

Expertos mencionan que el legislativo validó en septiembre la continuidad por 12 meses de personal militar salvadoreño en Haití como parte de la coalición bajo bandera de la Naciones Unidas para combatir las pandillas.

En ese momento la Asamblea aprobó extender la participación al apoyo militar pues la misión solo abarcaba labores humanitarias.

Otro tema bajo la lupa es el costo económico para el país, y aunque muchos concuerdan con rescatar a sus compatriotas, comienzan las preguntas sobre quién costeará la operación militar que ya a estas alturas se habla de un combate a las pandillas haitianas.

Lo cierto es que este conflicto apenas comienza y tiene muchas aristas para el análisis, unos expresan que puede ser una estrategia de liderazgo internacional, otros la exportación del modelo Bukele, y para algunos la desviación de los problemas domésticos de cara a las presidenciales a celebrarse en 2027.

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