El informe tiene lugar en medio de la controversia regional generada por un escándalo de presunta corrupción bancaria que involucra al expresidente de Paraguay Santiago Peña, detenido por la justicia.

El mensaje fue divulgado este sábado por el gobernante de la nación istmeña, José Raúl Mulino, a través de su cuenta en la red social X, pocas horas después de conocerse las denuncias relacionadas con operaciones bancarias y el exmandatario paraguayo, un contexto que coloca bajo atención pública la transparencia y el manejo de los recursos financieros.

Elaborado por la Dirección Ejecutiva Nacional de Finanzas de la CSS y con cifras al 30 de septiembre de 2026, el reporte detalla la distribución de los fondos, las entidades bancarias receptoras, la exposición a la deuda soberana, las inversiones en el extranjero y los rendimientos obtenidos.

Del total de los recursos, unos 10 mil 674 millones de dólares, equivalentes al 70 por ciento, corresponden al portafolio de valores, mientras que cuatro mil 580,2 millones (30 por ciento) están colocados en depósitos bancarios.

En este último apartado, el documento precisa que cuatro mil 208 millones de dólares permanecen en la banca estatal, principalmente en la Caja de Ahorros, con dos mil 520 millones, y el Banco Nacional de Panamá, con mil 688 millones.

El resto está distribuido entre seis entidades privadas: Bladex, con 150 millones de dólares; BAC Panamá y Global Bank, con 75 millones cada uno; Banistmo, con 50 millones; Banco Aliado, con 15 millones, y Credicorp Bank, con siete millones.

Según la CSS, el 91,9 por ciento de los depósitos bancarios está colocado en instituciones estatales, mientras que las posiciones en los seis bancos privados representan el 2,44 por ciento del conjunto de inversiones y depósitos de la entidad.

El reporte sostiene que las instituciones financieras seleccionadas están supervisadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá y que las decisiones de colocación consideran criterios de solvencia, liquidez, calificación crediticia y cumplimiento de las disposiciones legales.

Asimismo, la institución asegura que las operaciones se sustentan en expedientes técnicos y no responden a vínculos familiares, personales o políticos, al tiempo que las fechas de constitución, adquisición y renovación permiten establecer su trazabilidad.

Respecto a la exposición a la deuda pública, el documento señala que el 51,3 por ciento de las inversiones corresponde a deuda soberana panameña, el 32,6 por ciento a otras colocaciones vinculadas al Estado y el 16,1 por ciento restante a otras inversiones y depósitos.

La CSS recuerda que la Ley 462 de 2025 estableció un límite máximo del 75 por ciento de exposición al riesgo soberano nacional, conforme a las categorías contempladas en esa legislación.

También explica que las inversiones constituidas antes de la entrada en vigor de la reforma deben administrarse bajo el régimen de transición previsto, mientras la diversificación de los recursos se ejecuta atendiendo a los vencimientos y las condiciones financieras de cada instrumento.

La divulgación de estos datos ocurre en un escenario de creciente sensibilidad pública sobre la administración de fondos estatales y la transparencia de las operaciones financieras, en particular por tratarse de recursos destinados a garantizar las prestaciones y obligaciones del sistema de seguridad social panameño.

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