La resolución fue adoptada este lunes por el juez Fabián Heriberto Toscano, de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.
El magistrado sostuvo que la detención y la posterior legalización de la prisión preventiva se realizaron dentro de los plazos establecidos y que, por tanto, la privación de libertad no fue ilegal, arbitraria ni ilegítima.
La defensa cuestionó la competencia del juez que ordenó la detención y dictó la prisión preventiva, al considerar que González debía ser procesada bajo el fuero de Corte Provincial por estar registrada como dirigente de la Revolución Ciudadana (RC), organización política opositora.
Tras conocer la decisión que mantendrá tras las rejas a González, el abogado de defensa Diego Guarderas anunció que apelará ante la Corte Nacional de Justicia y aseguró que agotará las vías legales disponibles, incluso la posibilidad de acudir posteriormente a instancias internacionales.
González, quien participó en la audiencia por vía telemática desde la cárcel de mujeres de Riobamba, reaccionó al fallo con un llamado a sus seguidores: “A no soltar la bandera y seguir con la lucha que aquí nadie se da por vencido”.
La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, cuestionó la decisión y al finalizar la audiencia reclamó “libertad para los presos políticos” y denunció la existencia de un “sistema judicial vendido”.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, fundador y líder de la RC, criticó el fallo y sostuvo que “para sorpresa de nadie, el sistema de justicia ecuatoriano, uno de los más corruptos del mundo, acaba de negar el hábeas corpus a Luisa González (…) No se podrá defender en libertad”
La abogada Angélica Porras, por su parte, cuestionó también la actuación del juez Toscano y afirmó que este impidió a la defensa apelar oralmente la decisión y criticó que se utilizara la suspensión temporal de la RC para argumentar que la acusada ya no era vocera de esa organización.
La excandidata permanece detenida desde el 22 de octubre de 2026, cuando fue aprehendida en el marco del caso Laberinto.
La Fiscalía la procesa por el presunto delito de lavado de activos, en una investigación sobre supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, en la que González enfrentó al actual mandatario, Daniel Noboa.
La excandidata rechazó las acusaciones y, durante la audiencia de habeas corpus, denunció una persecución política en su contra.
Más de 15 mil personas se sumaron al canal de Whatsapp ¡Luisa Libre!, creado para difundir información y coordinar acciones en favor de la dirigente opositora.
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