El fallo del tribunal dictaminó que el Ministerio de Agricultura deberá ejecutar procesos obligatorios de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales, especialmente con los concejos municipales y distritales, antes de declarar, modificar o eliminar la referida figura jurídica, creada durante el anterior gobierno.
Además de reconocer las APPA como un instrumento válido para proteger los terrenos agrícolas y garantizar la soberanía alimentaria, remarcó que la cartera agrícola no puede reglamentar de manera detallada los usos del suelo, ya que esa facultad recae en las instituciones locales.
Las APPA son un instrumento de ordenamiento territorial rural creado en Colombia mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para proteger los suelos con mayor vocación agrícola para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
Hasta el momento, la administración del presidente Abelardo de la Espriella ha anulado oficialmente las APPA en cerca de 50 municipios de Colombia bajo la excusa de que limitan la propiedad privada y la inversión.
Según manifestó la representante a la Cámara Yolanda Silva, se emprenderán acciones jurídicas en contra de las resoluciones ministeriales de derogación.
La senadora Sandra Chindoy refirió por su parte que la decisión de la Corte Constitucional significa que el Gobierno no podrá seguir desmontando y eliminando esas declaratorias.
Denunció que existen varias solicitudes de licencia para la explotación minera y de hidrocarburos en áreas protegidas por ejemplo en el Tolima, donde recientemente se desmontaron APPA y hay planes para explotar oro, plata y platino.
Señaló que idénticas intenciones incluyen a Córdoba y al suroeste de Antioquia.
“Frente a este plan de destruir al campesinado, dejarnos sin soberanía alimentaria, aumentar el precio de los alimentos e incentivar los mercados extranjeros es que la Corte Constitucional decidió que las APPA son exequibles y fundamentales para la producción de alimentos en el país”, destacó.
La senadora Johana Osorio apuntó por su parte que el fallo ratifica la necesidad de proteger el suelo para la producción de alimentos, justo en un momento en el que las tierras están siendo puestas a merced de la megaminería o el negocio inmobiliario.
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