El decreto Bollette, como se le conoce, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, recibió críticas del diputado Angelo Bonelli, de Alianza Verdes e Izquierda (AVS), quien señaló que el beneficio para las familias podría limitarse a 1,4 euros mensuales, reportaron medios de prensa.

En su opinión, esa cifra evidencia la distancia entre los anuncios del Ejecutivo y las dificultades económicas que afrontan millones de italianos por el elevado costo de los servicios energéticos.

Bonelli también cuestionó el carácter temporal de las medidas y sostuvo que el Gobierno no aborda el problema de fondo, relacionado con la dependencia italiana del gas.

En similar sentido se pronunció la Unión Nacional de Consumidores, cuyo presidente, Marco Vignola, calificó la iniciativa de insuficiente y tardía, pues llega nueve meses después del inicio del encarecimiento de la electricidad y el gas, mientras sus efectos concretos todavía son inciertos, publicó Euronews.

Desde el ámbito sindical, la aprobación del decreto se produce en un contexto de preocupación por el poder adquisitivo de los trabajadores y el costo de la vida, aunque hasta esta mañana no se habían difundido pronunciamientos específicos de alcance nacional de las principales centrales sindicales sobre el nuevo texto.

El debate se inscribe, además, en las conversaciones previstas entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para el próximo 13 de noviembre, en el marco de las discusiones sobre el proyecto de presupuesto estatal para 2027, según Sky TG24.

Por su parte, el Ejecutivo estima que el decreto permitirá una reducción media de unos 15 euros por megavatio hora a partir de enero, mediante un mecanismo de compensación de parte de los costos del gas utilizado en la generación termoeléctrica.

La disposición establece un límite de 58,9 euros por megavatio hora para el gas empleado en la producción eléctrica y tendrá una vigencia inicial de 18 meses.

Este lunes, la primera ministra, Giorgia Meloni, defendió la medida como una decisión dirigida a proteger a los consumidores y las empresas, aunque reconoció que sus efectos no serán inmediatos.

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