La demostración fue convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyo presidente, Martín Valeriano, confirmó que la organización no ha convocado un paro del servicio de transporte urbano, sino una jornada de protesta, pero advirtió que no se descarta convocar una huelga.

Subrayó el carácter pacífico de la demostración, aunque en las primeras horas de la jornada hubo incidentes cuando la Policía intentó dispersar a las caravanas de autoibuses que marchaban lentamente, lo cual obstaculizaba el tránsito.

Valeriano, cuya convocatoria no fue considerada por otras agrupaciones, pese a que comparten el clamor por mayor eficiencia policial para resguardar a los transportistas, sugirió que cada autibús cuente con el resguardo de un policía .

El ministro del Interior, César Astudillo, coincidentemente, declaró al respecto que es imposible disponer de tantos agentes para cuidar cada ómnibus y agregó que hay resguardo para los estacionamientos nocturnos de las compañías de transporte urbano y en el trayecto de sus rutas, y se provee a las empresas agentes de inteligencia.

Sin embargo, dijo, hay empresas que no aceptan ese apoyo, porque son amenazados por las organizaciones criminales para que no apelen a la Policía, en la cual las bandas tienen infiltrados, admitió el ministro al reiterar que está pendiente una purga de malos elementos. Valeriano demandó por otra parte cambios en la legislación penal para mayor efectividad contra las organizaciones criminales y la eliminacion de una serie de normas que reducen la dureza de las acciones y pesquisas criminalidad.

La eliminación de esas normas que, según analistas y juristas, benefician a las bandas, fueron dictadas por el Parlamento que renovó sus integrantes en julio pasado y aprobadas por las bancadas del actual partido gobernante, Fuerza Popular, y sus aliados.

El gobierno puso en vigencia hoy modificaciones legales que penalizan duramente facilitar cuentas bancarias para el uso de extorsionadores y para que respuestas armadas de ciudadanos ante agresiones criminales no sean penalizadas, ni detenidas las víctimas y se presuma la legitimidad del hecho.

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