Durante una alocución pronunciada en la audiencia defensorial ‘La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional’, celebrada en esta capital, el funcionario recordó que los homicidios de los excombatientes ascienden ya a 501.

Alertó asimismo sobre los intentos de reclutamiento, la extorsión contra sus proyectos y los desplazamientos forzados y consideró que proteger a estas personas es una prueba de la capacidad del Estado para honrar sus compromisos, y una condición esencial para consolidar la paz.

El también jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el país neogranadino afirmó que la seguridad requiere una presencia efectiva de las instituciones.

Aunque reconoció que la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo de amplias zonas generó una oportunidad histórica, resaltó que a lo sitios a los que el Estado no llegó con suficiente rapidez, fueron ocupados por otros grupos armados existentes y emergentes.

“En estas regiones, más de mil líderes y lideresas sociales han perdido la vida desde 2016”, lamentó.

Manifestó que revertir el deterioro de la situación de orden público, caracterizada por ataques con drones y el reclutamiento de niños y niñas para acciones bélicas por medio de redes sociales, debe ser una prioridad para todos.

“El Acuerdo puso en marcha mecanismos para la prevención de la violencia, la protección de firmantes, líderes y comunidades, así como para el desmantelamiento de organizaciones criminales. Sin embargo, su implementación ha sido poco articulada”, consideró.

También aseveró que la consolidación de la paz y la seguridad es un objetivo de largo plazo, para el cual la implementación integral del Acuerdo sigue siendo relevante.

Recodó que se trata entonces de un compromiso constitucional, lo cual fue ratificado recientemente por Colombia en su intervención ante el Consejo de Seguridad, del cual es actualmente miembro no permanente.

El representante de la ONU enfatizó que llevar a vías de hecho el acuerdo constituye una oportunidad para que el país pueda consolidar los esfuerzos de quienes dejaron las armas; proteger a líderes y comunidades; honrar los derechos de las víctimas; y llevar el Estado y el desarrollo a los territorios que hace tiempo lo esperan.

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