El número pasó de 26 mil 800 en 2015 a cerca de 13 mil en 2025, de acuerdo con el Sistema Nacional de Atención Socioeducativa (Sinase), vinculado al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.
La divulgación del dato ocurre mientras una comisión especial de la Cámara de Diputados analiza una propuesta de enmienda constitucional que podría rebajar la edad de responsabilidad penal, actualmente fijada en 18 años.
Durante una audiencia pública celebrada ayer, la presidenta de la Asociación Brasileña de Magistrados de la Infancia y la Juventud, Katy Braun do Prado, señaló que las infracciones cometidas por adolescentes también disminuyeron 54 por ciento en 10 años.
También defendió la eficacia del sistema socioeducativo y afirmó que la reincidencia entre los adolescentes atendidos alcanza el 24 por ciento, frente al 45 por ciento registrado en el sistema penal de adultos.
En lugar de reducir la edad penal, propuso ampliar de tres a ocho años el período máximo de internamiento para adolescentes responsables de delitos graves.
Los datos del Sinase muestran que el 76 por ciento de los jóvenes bajo medidas de restricción de libertad tiene de 16 a 18 años, el 93 por ciento es de sexo masculino y el 73 por ciento pertenece a la población negra, incluidos mestizos.
Relacionado con las infracciones atribuidas, el robo representa el 29 por ciento y el tráfico de drogas el 27 por ciento.
Los casos de homicidio constituyen el 9,8 por ciento, y las acusaciones por violación y robo seguido de muerte representan el 2,8 y el 1,3 por ciento, respectivamente.
Una investigación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, el Instituto Clínica y el Consejo Nacional de Justicia, publicada en 2024, examinó posibles explicaciones para la caída de las cifras.
Aquel estudio identificó entre los factores la pandemia de la Covid-19 y la expansión de las facciones criminales.
Según sus conclusiones, estas organizaciones han ampliado su presencia en determinados territorios, donde la actuación estatal resulta limitada y algunos adolescentes quedan bajo su influencia o protección.
La exsecretaria de Derechos Humanos de Río de Janeiro Wania Sant’Anna advirtió que rebajar la edad penal podría facilitar el reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado y aumentar su exposición al sistema penitenciario.
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