El resultado es el primer triunfo de Castillo desde que fue encarcelado y destituido en diciembre de 2022, tras intentar disolver el Parlamento, establecer un gobierno de excepción y reorganizar el sistema de justicia, lo que fracasó por carecer del apoyo militar.
El pleno de la cámara desestimó el cargo en una votación con 54 votos a favor de retirarle la inmunidad e investigarlo, 43 en contra y 11 abstenciones, lo cual tuvo el efecto definitivo de archivar el caso, pues la aprobación requería de 66 votos.
El resultado se suma a la anterior decisión de la Corte Suprema de revisar la condena de 11 años de cárcel a la que fue sentenciado el exmandatario por presunta conspiración para la rebelión, condena que Castillo cuestiona invocando irregularidades y ha presentado decenas de recursos para ser excarcelado, sin tener éxito.
De otro lado, tampoco prosperó por insuficiencia de votos, la acusación contra Walter Ayala, de cómplice de Castillo en los alegados sobornos, por haber sido su ministro de Defensa.
Durante el debate del informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Parlamento, relevado en julio pasado, el exmandatario Castillo intervino desde la prisión mediante video-conferencia y negó tajantemente la recepción de sobornos de oficiales de las Fuerzas Armadas a cambio de ascenderlos. “Esta es una de las tantas acusaciones que he tenido y seguiré teniendo por el único delito que he cometido, de asumir una responsabilidad popular, un encargo de este pueblo que ansía tener justicia y derechos”, dijo.
Su abogado, Hugo Yataco, argumentó que aquella subcomisión no investigó el caso ni presentó prueba alguna contra Castillo, quien apuntó que es hora de corregir esa situación.
El exmandatario tiene pendientes acusaciones de presunta corrupción en contratos de obras públicas que en los cuatro años transcurridos han tenido pocos avances y se basan principalmente en colaboradores de la Fiscalía que declararon estar involucrados y que hoy están libres de cargos.
Por otra parte, está pendiente en el Congreso un proyecto de amnistía presentado por diputados de la bancada del partido progresista Juntos por el Perú y algunos de centro, para Castillo y otros implicados en los sucesos de 2022 y 2023.
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