Durante un encuentro con representantes de los sectores productivos de la provincia La Altagracia, el presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) consideró que las demoras administrativas afectan la generación de empleos, la actividad constructiva y el crecimiento económico, particularmente en destinos turísticos como Punta Cana.

Como alternativa, planteó establecer mediante una normativa plazos específicos para que las instituciones responsables, entre ellas los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, emitan sus decisiones.

Si transcurrido ese período no existe una respuesta oficial, propuso aplicar el principio del silencio administrativo positivo, de manera que la falta de pronunciamiento equivalga a una autorización.

Fernández mencionó períodos de cuatro meses, cinco meses o hasta un año para resolver las solicitudes y señaló que las controversias derivadas de la aplicación de ese mecanismo podrían dirimirse ante el Tribunal Superior Administrativo.

El exmandatario aclaró que la agilización de los procedimientos debe acompañarse de evaluaciones ambientales y garantías para proteger las áreas protegidas y los terrenos destinados a la producción agrícola y ganadera.

También atribuyó a la burocracia y la falta de respuestas oportunas parte de las dificultades que enfrenta el sector construcción, cuya actividad, según indicó, se contrajo un 1,8 por ciento el pasado año.

El dirigente político advirtió que las demoras administrativas pueden propiciar prácticas irregulares y presiones sobre los inversionistas. A su juicio, la falta de respuesta durante años evidencia problemas de ineficiencia o corrupción, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones de la FP.

En el encuentro, criticó asimismo la distribución del gasto estatal y el endeudamiento público, al señalar que de cada 100 pesos destinados por el Gobierno, 90 se utilizan en gastos corrientes y apenas 10 en inversión de capital.

Consideró que la política económica debe priorizar la inversión productiva, la creación de empleos y el fortalecimiento de la producción nacional. También cuestionó las importaciones que, según sostuvo, afectan la competitividad de los productores dominicanos.

Representantes empresariales y profesionales de La Altagracia expusieron ante Fernández problemas relacionados con los permisos de construcción, la seguridad ciudadana, la competitividad y las deficiencias de los servicios básicos.

Entre las preocupaciones figuraron las limitaciones de los sistemas de alcantarillado y abastecimiento de agua potable frente al crecimiento urbano y turístico de la provincia, así como las dificultades de los productores locales para competir con otros mercados.

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