Durante un encuentro con jeques tribales y personalidades de la gobernación de Nayaf, en el sur del país, el jefe de Gobierno declaró que la campaña «Carga del Amanecer», dirigida contra los actos de corrupción conforme a la ley, proseguirá sin interrupciones, según un comunicado de su oficina de prensa.
Al-Zaidi sostuvo que las autoridades no permitirán acciones que amenacen la seguridad de la población ni el saqueo de los recursos nacionales.
Asimismo, destacó el papel de las tribus iraquíes como pilar del Estado y socios en la preservación de la seguridad y el fortalecimiento de la unidad nacional.
El 3 de junio, el portavoz militar Sabah al-Numan anunció la creación de un comité encargado de consolidar las armas bajo control estatal y confirmó el inicio de sus labores.
La proliferación de armamento fuera de la autoridad estatal constituye uno de los principales desafíos políticos y de seguridad de Iraq, debido a la presencia de facciones armadas, algunas vinculadas a las Fuerzas de Movilización Popular y otras que operan de manera independiente.
Las declaraciones del primer ministro coinciden con el endurecimiento de las medidas contra el contrabando de petróleo y los esfuerzos por reforzar la autoridad estatal, en particular en la zona de Jurf al-Nasr, en la gobernación de Babil, en el centro del país.
El 11 de noviembre, Al-Zaidi ordenó constituir un comité para investigar presuntas operaciones de contrabando de petróleo en esa localidad. Tras examinar los resultados, destituyó a nueve funcionarios de seguridad y administrativos, entre ellos el jefe de la Policía de Babil y el comandante provincial de las Fuerzas de Movilización Popular.
En otra medida contra el tráfico ilícito de hidrocarburos, la Policía Energética iraquí anunció el viernes la creación de una fuerza especializada en el sur del país para patrullar y proteger la red de oleoductos.
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